Diario de Valladolid

El Ministerio de Transportes deja caducar el impacto ambiental y se desentiende de la autovía Valladolid-León

El Ministerio de Transportes ocultó que la DIA del tramo Villanubla-Santas Martas de la A-60 lleva caducado desde el 9 de diciembre de 2019 y el BOE publicaba el 5 de diciembre de 2020 la actualización del impacto ambiental, aun sin resolver

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez. ICAL

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez. ICAL

Publicado por
Felipe Ramos
Valladolid

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Caducada y olvidada. Así es como mantiene el Gobierno, y más concretamente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de Raquel Sánchez, la autovía entre Valladolid y León, la A-60. Y, el mejor ejemplo para constatar este olvido y este ninguneo por parte del Ministerio de Raquel Sánchez, que en esto sigue los pasos de quienes la precedieron en el cargo ya sean del PP o del PSOE, es que la declaración de impacto ambiental de la A-60 para el tramo entre Villanubla, en Valladolid, y Santas Martas, en la provincia leonesa, lleva caducado desde hacer ahora tres años, concretamente el 9 de diciembre de 2019, algo que el Ministerio había ocultado. Un caso único en la historia, que se haya dejado caducar un impacto ambiental de una autovía, por lo que supone de complejidad y de gasto. Lo que demuestra la dejadez, la desidia y la desafección del Ministerio de Transportes con Castilla y León.

El Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos y con el vallisoletano Javier Izquierdo como secretario general de Infraestructuras, dejaba caducar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del tramo central de la autovía, en el que se incluyen los trayectos entre Villanubla-La Mudarra y La Mudarra-Medina de Rioseco, todos ellos en la provincia de Valladolid.

Tramos, estos dos últimos, para los que el entonces Ministerio de Fomento, ahora de Transportes, con Ábalos al frente había realizado dos contratos de servicio en septiembre y octubre de 2018 para que se llevarán a cabo las redacciones de los proyectos, que suponían una inversión de 2,2 millones de euros, para los 11 kilómetros entre Villanubla y La Mudarra y los 16 entre La Mudarra y Medina del Rioseco. Y todo con un plazo de ejecución de 24 meses, es decir dos años. Vamos, que tendría que haberse llevado a cabo casi antes de la pandemia.

La realidad es que la infraestructuras que, como la Autovía del Duero (A-11), es esencial para Castilla y León se encuentra parada y, lo que es peor, en el cajón del olvido de un Gobierno central  que, eso sí, no deja de meter partidas simbólicas en los Presupuestos Generales del Estado, como la de los actualmente en ejecución, las cuentas de 2022. En ellas figuran 802.530 euros para los tramos SantasMartas-Mayorga, que se lleva unos pírricos 100.000 euros; otros 100.000 para el Mayorga-Medina de Rioseco; 265.460 euros, que se destinarán al recorrido que une Rioseco con La Mudarra; y los últimos 337.070, dedicados al tramo La Mudarra-Villanubla.

Más de 802.000 euros simbólicos, como también van camino de ser anecdóticos los 2 millones de euros presupuestados en los de este año, 500.000 euros para cada uno de los cuatro tramos. Y así podrían ir desgranándose las pírricas partidas destinadas en los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años, que para poco o nada servían, ya que nada podrá hacerse mientras continúe sin aprobarse el impacto ambiental entre Santas Martas y Villanubla, que ahora se sabe se mantiene caducado, según la información oficial del propio Gobierno.

De hecho, el Boletín Oficial de Estado (BOE) publicaba el pasado 5 de diciembre de 2020, es decir prácticamente un año después de que hubiera caducado el impacto ambiental de la autovía para su tramo central el 9 de diciembre de 2019 y que el Ministerio de Transportes ocultó , el «anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, por la que se publica la aprobación provisional y se ordena la incoación del expediente de información pública del documento técnico «Actualización del Procedimiento de Evaluación Ambiental de la Autovía A-60. Valladolid-León. Tramo: Villanubla -Santas Martas (provincias de Valladolid y León) y su Estudio de Impacto Ambiental». Actualización de impacto ambiental que, todavía hoy, continúa sin resolverse.

En el mismo, el director general de carreteras aprueba «provisionalmente» el documento técnico y su correspondiente estudio de impacto Ambiental y la actualización del procedimiento de evaluación ambiental del tramo central de la A-60 entre Villanubla y Santas Martas.

Un tramo que, según se detalla en el BOE de 5 de diciembre de 2020, contará con un presupuesto estimado de licitación de 383.839.703,61 euros, en el que incluye los 66.616.808,06 euros del 21% de IVA, proponiendo como solución más favorable la denominada alternativa dos, que no es otra que la que discurrirá, cuando se haga, en paralelo a la actual Nacional 601.

El director general de carreteras, además, ordenaba que la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León proceda a incoar el correspondiente expediente de información pública del documento técnico y su impacto Ambiental. Plazo de información publica que se fijaba en 30 días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la última fecha de las publicaciones reglamentarias.

A todo ello se le añade el que el documento tenía que someterse al informe de la Comunidades y de las entidades locales afectadas, a quienes se mandata a la misma demarcación de carreteras del Estado en Castilla y León que se remita el documento técnico y del estudio de impacto ambiental, que también debe entregarse a las personas, públicas o privadas, a las que afecte el trazado, así como a las cámaras agrarias y a las organizaciones profesionales agrarias afectadas.

Un impacto ambiental que pudo ser examinado , durante el plazo indicado de información pública, para lo que se obligaba a que se expusiera al público en días hábiles y horas de oficina, en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León, en Valladolid; en la Unidad de Carreteras de León; además de en los ayuntamientos afectados de Medina de Rioseco, La Mudarra, Valverde de Campos, Castromonte,Valdenebro de Los Valles, Berrueces, Moral de La Reina, Ceínos de Campos, Villavicencio de Los Caballeros, Becilla de Valderaduey y Mayorga, todos ellos de la provincia de Valladolid; y de Izagre, Valverde Enrique, Santa Cristina de Valmadrigal y Villamoratiel de Las Matas, en León.

Todos estos son los trámites que la Dirección General de Carreteras ordenaba como obligados, tal y como consta en el BOE del 5 de diciembre de 2020, para volver a aprobar la Declaración de Impacto Ambiental , tras su caducidad, de la autovía Valladolid-León, en su recorrido más extenso, los 102 kilómetros que unen la localidad leonesa de Santas Martas y la vallisoletana de Villanubla, principio y final de los únicos kilómetros de A-60 que existen entre las capitales leonesa y vallisoletana, los que van desde Valladolid a Villanubla y de León a Santas Martas.

Los retrasos y olvidos con esta infraestructura por parte de los diferentes ministros, independientemente de su color político, son continuos a lo largo de los últimos años . Las evidencias son claras, no hay más que ver las escasas partidas que se le dedican en las cuentas del Estado. Y, parece claro, que la ministra Raquel Sánchez no tiene mucha intención de agilizarla.

Dos millones de euros, 500.000 para cada uno de los cuatro tramos pendientes de la A-60, que no se especifican en ningún caso a qué se van a dedicar. Entre otras razones, porque mientras no esté aprobado el impacto ambiental nada puede hacerse . De ahí el que puedan y deban calificarse como partidas simbólicas.

Primera DIA en 2009

Conviene recordar que la primera Declaración de Impacto Ambiental del tramo central y más largo de la autovía entre León y Valladolid, la DIA original, data del 21 de diciembre de 2009 y se publicaba en el Boletín Oficial del Estado de 18 de enero de 2010, con el entonces ministro de Fomento, José Blanco. De aquello va a hacer ya doce años. Un tiempo que para lo único que ha servido es para sumar retrasos y más retrasos en una infraestructura viaria vital para Castilla y León, altamente demandada por la sociedad  política, con los alcaldes de Valladolid y León a la cabeza; económica, con sindicatos y patronal como puntas de lanza de esa exigencia, y social. No en vano  vendría a unir a los ciudades más grandes y más importantes de la Comunidad.

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